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Article publicat al bulletí “Luz y Taquígrafos” de juliol del Sindicat de Periodistes de Madrid, SPM, a càrrec d'Elisa García, membre de l’Executiva, i Agustín Yanel, secretari general del SPM
L’article critica la decisió presa pel Govern de Rodríguez Zapatero mitjançant Reial Decret que permet acomiadar més periodistes de forma més fácil i barata. Els articulistes denuncien que en els darrers dos anys s’han quedat sense feina 3.000 periodistes.
Segons els autors el Reial Decret estableix entre d’altres mesures:
- La flexibilitat de la clàusula del «despenjament» que permet a les empreses incomplir els convenis col•lectius
- Estableix que un contracte per obra, per exemple, pot durar... fins quatre anys!
- El decret obri la porta a que qualsevol contratemps en una empresa permeti els acomiadaments per causes econòmiques
A continuació us passam l’article original.
Podeu llegir més informacións d’aquest bulletí:
Visitant la web del SPM
O llegint el bolletí de juliol de Luz y Taquígrafos
“José Luis Rodríguez Zapatero ha cerrado los ojos a sus convicciones y ha tirado por la borda todas sus promesas sociolaborales. En contra de sus declaraciones, en las que una y otra vez abogó por mantener los derechos de los trabajadores, el despido en España es más fácil y más barato desde el pasado 18 de junio. Estas facilidades van a ser aprovechadas por muchos empresarios de la comunicación.
A los 3.000 periodistas que se han quedado sin trabajo en los últimos dos años habrá que sumar otros muchos, porque la patronal no dudará en prescindir de buenos profesionales en cuanto tenga un mes con pérdidas, sin importarle la calidad. Lo más grave es que este cambio ha sido impuesto por decreto en un momento en que las empresas utilizan la crisis para «adelgazar» sus plantillas.
Y, pese a ello, a las organizaciones empresariales les parecen medidas insuficientes. La patronal apuesta por la desregulación del mercado laboral, algo que conseguirá gracias a los distintos gobiernos que llegan a La Moncloa.
El real decreto es un documento farragoso, en el que se aborda desde el abaratamiento del despido hasta la ampliación de la actividad de las empresas de trabajo temporal (ETT), pasando por la reducción del horario para evitar despidos, la reinserción laboral de los jóvenes o la flexibilidad de la cláusula del «descuelgue» que permite a las empresas incumplir los convenios colectivos. También refleja una subida progresiva de ocho a doce días en la indemnización cuando termine un contrato temporal, pero establece que un contrato por obra, por ejemplo, puede durar... ¡hasta cuatro años!
El abaratamiento del despido se produce por una doble vía: el coste y las causas para justificar la ruptura del contrato. En el primer caso, los empresarios pagarán ocho días menos de indemnización por los despidos: las de 45 días por cada año trabajado bajan a 33, las de 33 a 25 y las de 20 disminuyen a 12 días por año, para los contratos realizados a partir del 18 de junio de e s t e a ñ o .
Esos ocho días que el G o b i e r n o rebaja a los empresarios los cobrará el trabajador
del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que hasta el 1 de enero de 2010 seguirá, como ahora, constituido por cuotas empresariales. Después los abonará un fondo de capitalización, aún no explicado pero que el Gobierno ha dicho que no supondrá un gravamen para los empresarios sino que, probablemente, cada trabajador deberá aportar su parte a ese fondo. Este dinero servirá para despidos, movilidad, formación o pensiones.
Algunos expertos han dado la voz de alarma, porque dicen que cuando se cree un mecanismo de capitalización de pensiones complementarias, las públicas actuales pueden reducirse a un mínimo común.
El despido también se abarata al generalizar el contrato indefinido de
fomento del empleo, que conlleva indemnizar con 33 días por año trabajado
con un límite de 24 meses, mientras que rescindir un contrato ordinario cuesta 45 días con un tope de 42 meses.
El decreto abre la puerta a que cualquier contratiempo en una empresa permita los despidos por causas económicas (22 días de indemnización, con un máximo de
12 mensualidades). No se exigen pérdidas, sino que se habla sólo de que «de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa». El Gobierno
insiste en que la última palabra la tienen los tribunales, pero la redacción es tan ambigua que permite cualquier interpretación judicial. Porque, ¿una «situación económica negativa» puede ser que un mes se gane menos que el anterior?
En esta situación de incertidumbre es más necesaria que nunca la organización de los trabajadores de la comunicación” (...)
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