La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) participa en el Congrés Mundial de Cadis.

La Fesp aporta la moció número 37, titulada “La coregulació, un dret elemental dels ciutadans”.

Aquí us la reproduïm:

“Considerando que la libertad de prensa, la libertad de expresión y la ausencia de censura previa son derechos fundamentales de la democracia, aunque no garanticen por sí mismos el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, plural, completa e imparcial,

Estimando que los desafíos al derecho a la información y a la independencia profesional provienen, en su mayor parte, de los grupos mediáticos que incumplen sus obligaciones como mediadores de la información – para convertirse en rectores de la opinión pública– y que sitúan los intereses de los sistemas de poder político por encima de los derechos cívicos,

Reiterando el hecho de que los medios de comunicación no cumplen del todo su función social y que la autorregulación -en manos de los propietarios de los medios- ha mostrado su ineficacia a la hora de preservar el derecho a la información,

Convencidos de que tenemos que buscar nuevas fórmulas de futuro que garanticen los derechos a la libertad y el ejercicio de los deberes que proclama el artículo 20 de la Constitución Española, que otorga a los ciudadanos el derecho a recibir información de calidad,

Declara que la falta de confianza del pueblo español en sus medios de comunicación convierte a dicha regulación en algo imprescindible para restaurar el prestigio del periodismo, tanto en lo que se refiere a la función de los periodistas, dentro la sociedad, como a su valor para el conocimiento universal.

El Congreso Mundial cree que la implantación de los consejos de corregulación es indispensable y que éstos deben ser independientes del poder político y contar con la participación de los profesionales de los medios y de representantes de la sociedad civil.

La FIP estima que para evitar los prejuicios y justificados resquemores que este tipo de regulaciones suelen generar y para asegurarse de su legalidad y eficacia, así como del respeto de la ciudadanía, debemos:

Admitir el fracaso de experiencias previas, sin intentar disculpar errores pasados de las organizaciones propias de los periodistas;

Contar con las organizaciones de los periodistas y de las empresas de los medios, pero desdeñando todo síndrome corporativo, para vernos a nosotros mismos sólo como mediadores de esa función social;

Otorgar plena participación a una representación directa de la ciudadanía como propietaria última del derecho a la información;

Contar con una institución correguladora que esté respaldada por ley, con representación del Estado, y cuyos miembros sean designados por su carácter independiente de toda contingencia política partidista;

En España, únicamente un organismo de estas características puede reclamar apoyo público para cumplir sus fines. La principal garantía de su independencia debería ser la integridad plural de sus componentes. Sus decisiones deberían ser tomadas tras consulta y participación plenas de todos sus integrantes y de los implicados en la información”.

El Estado deberá otorgar una financiación y un estatus legal que lo garanticen, por ley, como única vía que asegure su capacidad de funcionamiento”.

Més informació i documentació a

http://congress.ifj.org/es 

i també a

http://www.prensacadiz.com/congreso_inicio.asp